Si bien el Gobierno de Mauricio Macri tomó algunas medidas al respecto -eliminó retenciones para algunas actividades, ajustó el piso del Impuesto a las Ganancias para empleados y el mínimo de Bienes Personales- lo cierto es que todavía resta un largo camino por transitar.
No hay que perder de vista que todas las modificaciones introducidas no se hicieron en base a un análisis profundo de cada gravamen, sino más bien, a modo de "parche" para solucionar algunas cuestiones puntuales.
El mejor ejemplo es el de Ganancias: el cambio sólo apuntó a las deducciones y cargas de familia, sin considerar el atraso abismal que arrastran las escalas. Esto hace que sea extremadamente sencillo abonar el tributo a la alícuota más elevada.
Pero es necesario reconocer que toda la culpa no es del Presidente. Al fin y al cabo, son los gobernadores e intendentes los que determinan la política fiscal de sus jurisdicciones. Ellos también son responsables del aumento de la presión tributaria de los últimos años.
En los últimos años, Ingresos Brutos fue uno de los impuestos que más creció en términos provinciales. Dicho en otros términos: uno de los gravámenes más recesivos que existe, fue el que más terreno ganó.
También hubo un abuso desmedido respecto a las tasas que cobraron los municipios. Algunas fueron altamente cuestionadas por su injustificado origen y hasta la Justicia terminó determinando su improcedencia.
En este escenario, los especialistas consultados dieron cuenta de las cuestiones que no pueden dejarse de lado al momento de realizar una modificación profunda en el sistema tributario.
Cambios necesarios
A nivel general, la visión de los expertos apunta a la racionalización. Para ello, es necesario un consenso no sólo a nivel nacional, sino también en cada una de las jurisdicciones (sean provinciales o municipales).
Al respecto, Gonzalo Astiz, sostuvo que "debe cristalizarse la idea de una simplificación del sistema tributario que traiga aparejada una mayor transparencia y equidad fiscal como así también la real progresividad de los impuestos que continúen vigentes".
El socio de Haltung Partners también manifestó que es necesario que exista una "normativa clara y precisa" que termine con la agobiante presión fiscal, logrando paralelamente de esta forma que se reduzca la evasión fiscal.
Claro que, a ojos del especialista, las modificaciones no deben hacerse a cualquier precio. Por el contrario, la disminución en el pago de impuestos debe "sin perder de vista el equilibrio presupuestario nacional".
Por su parte, Fernando Álvarez, socio de ARV, consideró que una reforma tributaria integral tendría que estar acompañada de una moderna y equilibrada Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
"Si sólo se apunta a mejorar el diseño de lo que se recauda y se deja en el camino mejorar cómo se reparte lo que se recauda, sería mirar la mitad del problema", advirtió.
Al mismo tiempo, el especialista sostuvo que debería "preverse la bancarización obligatoria total de la economía para dificultar en extremo la evasión".
Para ello, Álvarez propuso la eliminación del impuesto que recae sobre los débitos y créditos bancarios, al tiempo que se instaurando una percepción por los movimientos bancarios a cuenta de cualquier gravamen.
Por último, consideró necesario que mecanismos automáticos de actualización de todos los valores o parámetros, para reconocer el efecto de la inflación y "no dejarlos a merced del funcionario de turno".
Impuesto por impuesto
Los especialistas no sólo apuntaron contra las fallas del sistema en general, sino también las cuestiones que deben ser modificadas de manera puntual en cada uno de los impuestos (sean nacionales, provinciales o municipales).
Al respecto, el director de Impuestos de Aguirre Saravia Gebhardt, Jorge Gebhardt, puntualizó que son necesarios los siguientes cambios:
Impuesto a las Ganancias:
• Reimplantación del ajuste por inflación para los sujetos empresa y actualización de las pérdidas impositivas.
• Adecuar la escala para personas humanas (que no se actualiza desde el 2000). Asimismo, es necesario igualar la tributación de los empleados en relación de dependencia con los autónomos.
• Como consecuencia de lo anterior, Gebhardt propuso "eliminar una serie de exenciones irritantes que causan una clara violación al principio de igualdad". Entre ellas:
o La que recae sobre todos los miembros del Poder Judicial, "amparados en normas de convenios colectivos de trabajo ilegales en este aspecto", afirmó.
o Los tratamientos preferenciales para empleados de ciertos sectores (industria del gas y petróleo, ciertas rendiciones de gastos de empleados públicos y del ministerio de relaciones exteriores).
o Adecuación de la gravabilidad de los miembros del Poder Legislativo (hoy sólo gravan la denominada dieta que, deliberadamente, se ha fijado en un monto menor).
• Dar adecuado tratamiento a los pagos al exterior por transferencia de tecnología, estableciendo que, como máximo, deberán tributar la tasa máxima (hoy, de 35%).
• Eliminación del tributo a las ganancias no periódicas que obtienen las empresas y su reemplazo por un Impuesto a las Ganancias de Capital.
Impuesto al Valor Agregado:
• El impuesto debe pasar a abonarse por el criterio de lo percibido en lugar del actual que implica un adelanto financiero al fisco.
• Actualización de los saldos a favor técnicos.
• Devolución inmediata de los saldos a favor de los exportadores.
• Devolución inmediata de los saldos a favor de libre disponibilidad.
Otros impuestos nacionales:
• Eliminación de los impuestos sobre los Bienes Personales, Ganancia Mínima Presunta y a la Transferencia de Inmuebles (que recae sobre las personas físicas).
• Reimplantación de un gravamen a las ganancias eventuales -con una tasa del 10%- tanto para sujetos empresa como personas humanas. "Deberá recaer sobre la renta que provenga de la diferencia entre precio de venta menos costo actualizado de: inmuebles, títulos públicos, acciones y bienes suntuarios", añadió Gebhardt.
• Desterrar la idea de la aplicación de un impuesto al enriquecimiento a título gratuito (herencias y donaciones).
Respecto de los recursos de la Seguridad Social, Gebhardt consideró necesario "establecer el mismo tope que existe para el pago de los aportes de los empleados a las contribuciones patronales".
Y, en cuanto a los Derechos de Exportación, el especialista propuso fijar un cronograma para la total eliminación de los que recaen sobre las exportaciones de soja.
Impuestos provinciales y municipales:
• Reducir las tasas de Ingresos Brutos de forma que la etapa primaria no supere el 1%, la fabricación 1,5%, las ventas mayoristas el 2% y las ventas a consumidor final el 3%.
• Aplicación automática y eficaz de la devolución de lo abonado demás en una provincia en desmedro de otras.
• Devolución automática de los saldos a favor de los contribuyentes.
• Derogación del impuesto al enriquecimiento a título gratuito (herencias y donaciones) allí donde se ha implantado (Buenos Aires y Entre Ríos).
• Eliminación progresiva del Impuesto de Sellos (tres años), aplicándose una tasa general que no supere el 1% del valor de los actos sujetos a gravamen.
• Establecer que las tasas municipales sólo puede ser cobrada previa la existencia de un servicio efectivamente prestado por un municipio.
• Que las mismas sólo pueden ser cobradas si media la existencia de un establecimiento físicamente radicado en el Municipio.
• Eliminar toda forma de retenciones y percepciones municipales.
Otro de los puntos que no deben descuidarse es la Ley 11.683 (de Procedimientos Tributarios). Al menos así lo manifestó Álvarez, que propuso eliminar la posibilidad de que ningún funcionario pueda otorgar planes de facilidades discrecionales.
El experto hace referencia al mecanismo establecido en el artículo 32 de la norma, que se hizo tristemente famoso por la causa de la ex calcográfica "Ciccone". En aquella oportunidad, la AFIP concedió una gran cantidad de cuotas a la compañía.
Por último, Álvarez propuso un cambio respecto a las tasa de interés que deben considerarse cuando existe un fallo administrativo a favor de los contribuyentes.
"Es abusivo que al contribuyente se le reconozca un 6% de interés anual, mientras que la misma persona en situación inversa debe soportar una tasa del 36%", remarcó.
Cómo es la nueva comisión
La Comisión creada por el Ministerio de Hacienda evaluará la oportunidad y conveniencia de los distintos proyectos de ley que se presenten en el Congreso mientras trabaja en la conformación de un nuevo régimen.
La misma está presidida por Alfonso Prat-Gay (ministro de Hacienda), y la integran el viceministro Pedro Lacoste (viceministro de Hacienda), Gustavo Marconato (secretario de Hacienda) y Marcelo Griffi (secretario Legal y Administrativo).
También forman parte la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Fabiana Balestrini; el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo; el subsecretario de Programación Económica, José Luis Maia; la subsecretaria de Coordinación Provincial, Nora Fraccaroli, y el subsecretario de Planificación Económica, Ernesto O'Connor.
La nómina de integrantes se completa con Vladimir Werning, jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Santiago Afonso, Nadín Argañaraz y Patricio Merlani (asesores de Gabinete de Unidad Ministro) y Jimena de la Torre (asesora de Gabinete de la Secretaría Legal y Administrativa).
La medida adoptada recientemente por el Ministerio de Hacienda se sumará a la que introduce la ley de exteriorización, que establece la creación de la "Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria".
En concreto, el texto recientemente aprobado fija que un cuerpo integrado por quince diputados y quince senadores -que serán elegidos por los respectivos cuerpos respetando pluralidad y proporcionalidad- que tendrán como meta fundamental analizar propuestas de cambio tributario.
Entre los objetivos que figuran en el texto aprobado por el Congreso se encuentran:
• Fortalecer la equidad de la presión tributaria.
• Profundizar su progresividad.
• Simplificar su estructura y administración.
• Fortalecer la complementariedad y coordinación federal.
• Propender al establecimiento gradual de las reformas, dotando de mayor previsibilidad a la acción del Estado en la materia en función de reducir los grados de incertidumbre del contribuyente.
En definitiva, esta Comisión Bicameral será la encargada de analizar la o las propuestas que pueda elevar el Poder Ejecutivo dentro de los 365 días corridos a partir de la constitución del cuerpo legislativo.
El fracaso marcó a fuego todo intento pasado para llevar adelante un cambio de este estilo. No hay que olvidar que, tras la última reforma de la Constitución, se estableció un plazo máximo de dos años para adecuar la Ley de Coparticipación Federal.
Hoy, treinta años después, la modificación brilla por su ausencia. Es el mejor ejemplo para mostrar que, cuando hay dinero de por medio, no es sencillo que los legisladores se pongan de acuerdo. Tal vez sea un buen momento para torcer esa historia.
Autor: G. Chicote
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