La Corte Suprema de Justicia convocó para el próximo 10 de septiembre a una audiencia pública de carácter informativo destinada a determinar quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa en el marco de conflictos laborales, en una decisión que generó fuerte preocupación en el mundo sindical, donde temen por una ofensiva para limitar los alcances del derecho a huelga.
La convocatoria del máximo tribunal a la audiencia fue resuelta en el marco de la causa "Orellano, Francisco c/ Correo Oficial", que se inició a partir de un conflicto colectivo que llevaron adelante los trabajadores de la empresa estatal sin el apoyo del sindicato de la actividad, lo que derivó en el despido de 46 empleados del centro de distribución de Ezeiza. La Justicia laboral de primera instancia y luego la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo interpretaron que se trataron de despidos discriminatorios, en tanto los trabajadores fueron cesanteados por ejercer el derecho de huelga y petición, y ordenó la reinstalación de los trabajadores en sus puestos.
Pese a que la Cámara en su sentencia consideró que la titularidad del derecho de huelga no corresponde a los trabajadores en forma individual, sino que concierne al colectivo de la actividad u oficio aunque sus integrantes no estén afiliados a un sindicato, el Correo Oficial elevó un recurso ante la Corte planteando objeciones contra esa interpretación, por lo que el máximo tribunal dispuso el llamado a la audiencia pública con la finalidad de discutir sobre "quién es o quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa".
Además, la convocatoria habilitó un plazo, que venció el último viernes, para la presentación de los denominados "amicus curiae", es decir aquellas instituciones o personas interesadas en el debate para fijar posición por alguna de las partes. Según trascendió, entre quienes ya confirmaron su participación figuran la Unión Industrial (UIA), la CTA oficialista de Hugo Yasky, la CTA Autónoma de Pablo Micheli, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y organizaciones sindicales como ATE y la Federación de aceiteros, entre otros.
El debate de fondo planteado por la Corte pone en discusión si el derecho constitucional de huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es una potestad exclusiva de los sindicatos con personería gremial o corresponde a una concepción en sentido amplio de la palabra "gremio", lo que involucra una pluralidad de trabajadores, unidos por el hecho de pertenecer al mismo gremio sin tener en cuenta su afiliación a un sindicato, o inclusive a los integrantes de un establecimiento o sección de establecimiento.
Esa disyuntiva divide aguas entre las organizaciones sindicales que integran las dos vertientes de la CGT, la central oficial de Antonio Caló y la opositora de Hugo Moyano, que interpretan que la titularidad del derecho de huelga corresponde a las entidades con personería gremial, y las dos CTA que, en línea con su posicionamiento en favor de la libertad sindical, reclaman que ese derecho no puede ser limitado exclusivamente al sindicato.
"La potestad de disponer medidas de acción directa es claramente del sindicato con personería gremial, pero hay que ver si esta discusión no va más allá", advirtieron desde la CGT de Caló, donde destacaron el avance en el seno de la OIT para restringir el derecho de huelga a partir de la consideración de algunas actividades como "esenciales". Es que más allá de las diferencias, las centrales sindicales coinciden en plantear su temor de que detrás de la apertura del debate planteado por la Corte tome fuerza alguna ofensiva empresaria para limitar el poder de fuego de los gremios. “Seguramente con esto los empresarios están yendo por un poco más que discutir la titularidad de un derecho”, alertaron desde la central oficial.
A su vez, desde la Federación aceitera, que confirmó su participación en la audiencia, el abogado Carlos Zamboni, sostuvo que “todo lo que la Corte pueda llegar a decir, apartándose de la voluntad constituyente de los convencionales que sancionaron el artículo 14 bis, puede tener consecuencias muy graves para la clase trabajadora”.
También el abogado Matías Cremonte, patrocinante de Francisco Orellano, el trabajador cuyo despido originó la causa que evalúa el máximo tribunal, planteó su inquietud por los efectos de la audiencia. “Nos preocupa la actitud de la Corte ya que tanto en primera instancia como en la Cámara se ordenó la reinstalación del trabajador por entender que se trató de un despido discriminatorio porque el motivo del mismo fue justamente haber participado de asambleas y medidas de fuerza”.
Fuente: Cronista | Elizabeth Peger
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