Fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo esperan "un shock de formalización laboral con un gran esfuerzo fiscal para poder lograr que haya más empleabilidad en la Argentina". La obsesión de Dujovne y Triaca son los trabajadores informales y los jóvenes que no pueden acceder a su primer empleo.
Las claves del proyecto
1. Reducción de Aportes Patronales: El Gobierno ofrecerá a los empresarios hacerse cargo durante tres años de los aportes de los nuevos empleados que se tomen en el mercado laboral del segmento no registrado. El propósito es blanquear a unos 300.000 trabajadores por año; reducir el desbalance del sistema previsional; y evitar que crezca el desempleo, actualamente en torno a 10% de la oferta laboral. Se financiaría con aportes del Tesoro y eliminación de exenciones tributarias, aún bajo análisis.
2. Alcances de los beneficiarios: La medida se iba a focalizar en Pymes y trabajadores jóvenes, pero estaría ganando consenso la decisión de universalizar la ayuda, a sugerencia de los referentes de las principales cámaras empresarias y de la cúpula sindical de la CGT. El límite para el cálculo del beneficio serían los salarios brutos de hasta $12.000 por mes. Podría ser mayor para regiones extremas del país.
3. Transformación de planes asitenciales: Los módulos que administra Trabajo, que abarcaría a unas 280.000 personas, se convertirían en una especie de wild card que facilitará el ingreso del trabajador que cobra un plan social al mercado laboral formal. En este caso el Estado, en lugar de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, tratará de subsidiar una parte del salario convencional mientras dure la prestación social. Se prevé que los beneficiarios de planes sociales aporten al sistema.
4. Sectores sensibles: El Gobierno buscará reducir la informalidad en sectores como la construcción, el campo y la industria textil, que son los que registran los mayores índices de marginalidad. La intención de la propuesta es blanquear a cerca de 1.000.000 trabajadores en el trienio, y evitar con sus aportes los desequilibrios que hay en el sistema previsional.
5. Control: Se reforzarán las inspecciones laborales con el acompañamiento de los delegados gremiales que trabajarán junto con la CGT. Para realizar esa política, el minsitro Jorge Triaca mantuvo en pie una idea surgida durante el kirchnerismo y que en su momento generó polémica: el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una suerte de veraz en el que aparecen los nombres y apellidos de aquellas personas y empresas que tengan a su cargo empleados no registrados. Para los infractores se prevén abultadas multas económicas.
6. Revisión Integral del Sistema Jubilatorio: El Gobierno estudia realizar una revisión integral del sistema previsional. Se buscaría aumentar las edades jubilatorias de las mujeres, que es de 60 años, y de los hombres, que es de 65. Estos cambios por el momento no fueron consensuados con el Director Ejecutivo de la ANSES.
Temas bajo análisis
Por el momento, de acuerdo a fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas, no está claro si se instrumentará con un proyecto de ley que se enviaría al Congreso a partir del 1 de marzo cuando se inicie la actividad legislativa, si habrá un decreto que modifique los Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo Registrado o si directamente habrá una resolución ministerial. En febrero se convocará a la Mesa de la Producción, que integran el Estado, empresarios y la CGT.
En Trabajo niegan que se trate de un intento de flexibilizar la legislación laboral: "Esto no tiene nada que ver con una reforma laboral porque no se modificarán los pilares del derecho laboral ni se reformará la ley".
El proyecto además propondría dar un tratamiento especial para los fondos jubilatorios que manejan las cajas de los colegios profesionales y los sindicatos.
Autor: C. Arbia
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