Probablemente, nuestra preocupación en temas de herencia tributaria no ha sido muy difundida. Claramente el tema del impuesto a las ganancias de las personas físicas ha ganado espacio en los medios dado que los sindicatos se han hecho eco de los reclamos y, finalmente, los candidatos también lo incorporaron en su agenda.
Pero, probablemente, uno de los temas más complicados de cara al 2016 y considerando el flujo de fondos que necesitan todos los niveles de gobierno, sea los importantes saldos a favor de los contribuyentes. El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley 25.917) debería incluir en sus normas de transparencia (capítulo V) la obligación de informar sobre los fondos retenidos a los contribuyentes y su antigüedad.
También existen una gran morosidad en la devolución de los saldos a favor de IVA (sólo en el sector agroexportador alcanza los u$s 165 millones según publicación reciente de este periódico) y en los reintegros de exportación.
El ajuste por inflación contable e impositivo (necesidad obvia en una economía que genera una inflación del 30% anual) y la evidente inconstitucionalidad del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, cada año generan más expedientes judiciales y menos recaudación.
En este sentido, la aplicación indiscriminada del artículo 193 de la Ley de Procedimiento Fiscal que instruye sobre la necesidad de apelar las sentencias desfavorables para el Fisco debería ser revisada o, por lo menos, la interpretación que se ha hecho de él.
La alta litigiosidad respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la aplicación del Convenio Multilateral muestra que es necesario modificar su legislación.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación genera muchas situación que merecen un reflejo en las normas impositivas pero, la controversia más importante esté dada por los nuevos plazos a aplicar en materia de prescripción.
Los temas que se solucionan en forma rápida con una clara vocación de aplicar la normativa vigente también tendrán un impacto inmediato sobre los recursos disponibles.
Para aquellos donde es necesaria una modificación legal estaremos enfrentando demoras propias del diálogo y consenso entre bloques además de una agenda cargada de urgencias y prioridades.
En este escenario, no parece que la futura recaudación sea un recurso que alivie los problemas recibidos a través de las ‘herencias’ en otros temas.
Mientras tanto nos enfrentamos a un escenario fiscal muy judicializado que genera demoras y costos que impactan directamente en la rentabilidad de cualquier actividad económica que se desarrolla en nuestro país.
A todo esto se agrega la sentencia judicial reciente que obliga al Estado Nacional a solucionar las irregularidades que se han acumulado en materia de Coparticipación Federal.
Fuente: Cronista | H. López
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