La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) hace públicas y apoya las acciones tomadas por los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que la integran en relación con la Resolución General 4838/20 mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso la implementación de un “Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (nacionales e internacionales)”.
Desde la FACPCE se trabajó en los aspectos técnicos y jurídicos necesarios para acompañar los reclamos administrativos que se han iniciado en las distintas jurisdicciones, en representación y defensa de los profesionales de Ciencias Económicas, para solicitar la suspensión de la aplicación de la citada normativa y su derogación debido a la enorme cantidad de irregularidades y vicios que presenta.
Consideramos estas acciones iniciadas en nombre de los matriculados legítimas y necesarias, por cuanto la normativa mencionada atenta contra el derecho/deber del secreto profesional al poner la obligación de informar en cabeza de los asesores fiscales, además de afectar el ejercicio profesional y el desarrollo de la actividad lícita.
Resulta inadmisible a la ética que la Administración Federal de Ingresos Públicos pretenda colocar al profesional que asesora en temas de derecho tributario como sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo profesional. Este acto administrativo de carácter general conduce a traicionar la confianza en el profesional.
La obtención de pruebas de evasiones o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de información fiscales, debería ser alcanzada mediante el accionar previsto en las normas de procedimiento tributario, respetuosas de los principios constitucionales.
La AFIP, como órgano inserto dentro del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, debe circunscribir su función a una actuación administrativa conducente a que las leyes tributarias se cumplan, fiscalizando e investigando con el propósito de conocer la verdad de los hechos, y tal función discrecional no puede rebasar los límites de la racionalidad, estando subordinada a los principios que prohíben la arbitrariedad.
Atento a que las disposiciones de la RG 4838/2020 violentan en forma flagrante principios constitucionales básicos, desde la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, manifestamos nuestro incondicional apoyo a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y a sus matriculados en las medidas tomadas y por tomar en resguardo de los derechos que consideramos transgredidos.
Fuente: Facpce
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